El próximo vencimiento de la Ley de Intereses Preferenciales genera incertidumbre sobre la estabilidad del sector inmobiliario, así como al acceso a viviendas dignas en las provincias del interior del país, cuya construcción representa más del 22% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el interior, los salarios son un 17% menores que en la capital, lo que impacta la capacidad de financiamiento hipotecario. La construcción no solo genera empleo, sino que también dinamiza sectores como ferreterías, transporte y manufactura, además de aportar a la Caja de Seguro Social (CSS).
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Ley de Intereses Preferenciales ha otorgado más de $1,500 millones en subsidios en la última década, beneficiando a 200,000 familias.
El desempleo en octubre de 2024 alcanzó el 9.5% y podría superar el 10% debido a la caída en la construcción. La falta de certeza sobre la ley ha restringido el acceso a créditos hipotecarios, afectando la inversión privada y el desarrollo de proyectos.
A pesar de la caída del 10.4% en el sector inmobiliario, este sigue siendo el de mayor inversión con $1,663.6 millones en los últimos 12 meses, según la firma de análisis y asesoría económica Indesa.
Casos recientes muestran que familias en Chiriquí enfrentan dificultades para adquirir vivienda por la reducción del financiamiento. Juan Pérez, director de una constructora en la región, advierte que "la falta de acceso a financiamiento ha detenido proyectos que generarían cientos de empleos y dinamizarían la economía local". Esta situación ha provocado el cierre de al menos 20 empresas proveedoras de insumos en los últimos seis meses.
Modelos implementados en Colombia y México han demostrado que incentivos escalonados y fondos de garantía mejoran el acceso al crédito hipotecario en regiones con menores ingresos. La adaptación de estas estrategias podría fortalecer la Ley de Intereses Preferenciales y su sostenibilidad.
La implementación de un marco normativo ajustado a las condiciones económicas de cada región es clave para fortalecer el acceso a vivienda y dinamizar la economía local, asegurando estabilidad y crecimiento para el país.