Nicaragua decidió este jueves retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo al informe de un grupo de expertos del organismo que acusa al gobierno de tener una "maquinaria de represión" e instaurar un Estado autoritario en el país centroamericano.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una "dictadura familiar", junto a su esposa, de 73 años.
En su informe anual, publicado el miércoles en Ginebra, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que "el régimen de Ortega y Murillo ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario" con la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero.
"No quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población —tanto dentro como fuera de Nicaragua— enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas", subrayó el reporte, sustentado en 1.500 entrevistas y el examen de 7.500 documentos según los expertos.
El Grupo también aseguró que el gobierno "reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos" para formar una suerte de ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimirán a la población, como sucedió en las protestas de 2018.
Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, unos 30.000 encapuchados, que formaron filas en una plaza de Managua, fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50.000 del resto del país.
"Caja de resonancia"
Ortega y Murillo aumentaron el control sobre los nicaragüenses tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El Grupo de Expertos dijo, por primera vez, haber encontrado indicios de que el ejército participó con la policía y cientos de paramilitares encapuchados en la represión de las protestas, que según la ONU dejó más de 320 muertos.
La copresidenta nicaragüense calificó a esos órganos de la ONU de "irrespetuosos" y dijo que "perdieron su naturaleza y esencia": "No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos".
"Rosario Murillo se autoengaña. Lo criminal, lo culposo, lo inhumano e injusto no se borra, ni se olvida retirándose del Consejo de Derechos Humanos", aseguró Lesther Alemán, uno de los activistas de las protestas de 2018, quien estuvo preso y fue expulsado del país hacia Estados Unidos por el gobierno.
Nicaragua no forma parte de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como tampoco Israel y Estados Unidos, sus enemigos políticos que, no obstante, igualmente anunciaron un "retiro" del organismo hace semanas.
Despropósito legal, señalan expertos
Para el abogado nicaragüense Yader Morazán, también en el exilio, el anuncio de Murillo "es un despropósito legal que no invalida las responsabilidades". "No es más que una rabieta política", dijo en su cuenta en X.
"Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio", dijo el miércoles en Ginebra Reed Brody, miembro del Grupo.
La nueva Constitución establece la "vigilancia" sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considere "traidores a la patria", como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años.
Los investigadores de la ONU instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones que califican de "crímenes de lesa humanidad".