El contralor general de la República, Anel Flores, reveló este lunes detalles de las auditorías realizadas a la concesión con la empresa Panamá Ports Company, donde enumeró una lesión al Estado por casi 1.2 billones de dólares, producto de malas decisiones de administraciones anteriores, según recalcó.
Contralor señala malos manejos en la concesión
Flores, sostuvo que desde que se privatizó la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal en 1997, el contenido del contrato original, mejoró los ingresos que antes percibía la entonces Autoridad Portuaria de Panamá. Sin embargo, destacó que con la entrada en vigencia de una resolución en 2002, "empezaron las desgracias para este contrato de concesión".
"En el 2002 vino una resolución que cambio todo, una resolución hecha por malos panameños, que no solamente cambiaron los 22 millones de dólares fijos y cambiaron el 10% bruto, por el 10% neto. Después de haber recibido en 2002, la suma de $28 millones, en el 2003, recibimos la módica suma de $1.3 millones, de allí comenzaron las desgracias de este contrato, cosa que no hemos podido recuperar", dijo Flores en conferencia de prensa. "En el 2002 vino una resolución que cambio todo, una resolución hecha por malos panameños, que no solamente cambiaron los 22 millones de dólares fijos y cambiaron el 10% bruto, por el 10% neto. Después de haber recibido en 2002, la suma de $28 millones, en el 2003, recibimos la módica suma de $1.3 millones, de allí comenzaron las desgracias de este contrato, cosa que no hemos podido recuperar", dijo Flores en conferencia de prensa.
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El contralor Flores señaló falencias en el contrato de concesión portuaria.
El contralor además destacó que si se hubiera cumplido con el primer contrato a cabalidad, Panamá debió haber recibido mil 337 millones de dólares durante el periodo de concesión y solo recibimos $483 millones, con un perjuicio para la República de $853 millones en el mismo periodo.
"Si a eso le sumamos los perjuicios económicos que da, el hecho que le dimos muchas exoneraciones fiscales, se arrojan otros $350 millones más, o sea que realmente el perjuicio para la República, anda por el orden de los 1.2 billones de dólares a razón de 55 aproximadamente por año que dejamos de percibir como país", recalcó.
Discrepancias en la renovación del contrato
El contralor además explicó algunas discrepancias sobre las auditorías que propiciaron la renovación automática de la concesión con Panama Ports Company.
"Muchos panameños suponen que aquí hubo una auditoría en el pasado que autorizó la renovación automática de este contrato con PPC, quiero decirles que eso no fue así. Eso fue una auditoría de cumplimiento de temas básicos que tenía que llevar la concesión. Se habla mucho que el contralor falso dio criterio positivo de esa concesión, eso es totalmente falso", dijo. "Muchos panameños suponen que aquí hubo una auditoría en el pasado que autorizó la renovación automática de este contrato con PPC, quiero decirles que eso no fue así. Eso fue una auditoría de cumplimiento de temas básicos que tenía que llevar la concesión. Se habla mucho que el contralor falso dio criterio positivo de esa concesión, eso es totalmente falso", dijo.
Flores además señaló que hubo una interpretación "muy mal tergiversada por la Autoridad Marítima de Panamá" en cuanto al contenido de la nota 859 del año 2020, la cual no dicta ningún criterio sobre la renovación automática y simplemente remite el informe de auditoría.
"Mientras que en la auditoría que se hizo en 2020- 2021, los auditores señalaron claramente que había falta de documentación sustentadora requerida por nuestra auditoría. No hubo colaboración de la empresa en ese momento", remarcó el funcionario.
Flores destacó que hubo falencias importantes donde ellos solamente pudieron constatar $690 millones de la inversión de mil millones requerida para dicha renovación automática.
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Extensión automática del contrato de concesión ha quedado en tela de duda.
Presentará denuncias penales
El contralor también adelantó que próximamente estarán presentando denuncias ante el Ministerio Público contra quienes intervinieron en la extensión automática del contrato de concesión portuario.
"Vamos a ir al Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente a los directores que manejaron esa renovación, a esa junta directiva y a los oficiales de esa compañía Panama Ports que nos van a tener que explicar al pueblo panameño ante el Ministerio Público por qué tanta magnanimidad", advirtió. "Vamos a ir al Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente a los directores que manejaron esa renovación, a esa junta directiva y a los oficiales de esa compañía Panama Ports que nos van a tener que explicar al pueblo panameño ante el Ministerio Público por qué tanta magnanimidad", advirtió.
Flores dejó claro que las auditorías que se llevan a cabo sobre Panama Ports, son una "acción autónoma de la República de Panamá" y rechazó que sea en respuesta a las presiones políticas de Estados Unidos sobre el país.
La auditoría inició el 20 de enero que es parte de un proceso que se esta llevando a cabo con todas las compañías donde Panamá tiene acciones.
"Vamos a entrar en todas las concesiones portuarias del país, no solo en esta", agregó el funcionario.
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