Una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley Nº 5 del 16 de enero de 1997 por el cual se aprobó el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, fue presentada este lunes 3 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No es la primera vez que el pleno de la CSJ recibe una demanda contra la resolución de concesión a Panama Ports Company, filial que mantiene un contrato de vigencia de 50 años, que terminará en el año 2047, sin embargo en el máximo tribunal panameño, no se encontraron fundamentos para una declaratoria de inconstitucionalidad.
La concesión de Panama Ports para la administración de los principales puertos ubicados a las entradas y salidas del Canal de Panamá, han cobrado notoriedad en las últimas semanas, tras las acusaciones de Estados Unidos, que indican que el control de China en esta administración vulnera el tratado de neutralidad.
Por otro lado, la expectativa se mantiene, luego que el contralor Anel Flores, anunciara el inicio de una auditoría forense, y señalara que informes preliminares indicaban que la empresa no pagaba al Estado lo que correspondía, acusación que fue rechazada por la empresa concesionaria Hutchinson Ports PPC.