Nacionales Nacionales -  10 de abril de 2025 - 12:29

Presentan denuncia penal contra José Raúl Mulino por acuerdo firmado con EEUU

Según el abogado Neftalí Jaén, Mulino podría haber incurrido en una violación al Artículo 425 del Código Penal

Vivian Jaén
Por Vivian Jaén
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El abogado Neftalí Jaén presentó este jueves una denuncia penal ante la Asamblea Nacional contra el presidente de la República, José Raúl Mulino, por la reciente firma de una declaración conjunta con los Estados Unidos, que ha generado controversia en distintos sectores del país.

Presentan denuncia penal contra José Raúl Mulino por acuerdo con EEUU

Según Jaén, el mandatario podría haber incurrido en una violación al Artículo 425 del Código Penal, que sanciona los delitos contra la personalidad internacional del Estado. La norma establece penas de 20 a 30 años de prisión si el hecho es cometido por un funcionario público que suscriba tratados o acuerdos que comprometan la soberanía o independencia territorial de Panamá.

¿Qué dice el documento firmado con Estados Unidos?

El abogado explicó que entre las pruebas presentadas figura una publicación oficial del Ministerio de la Presidencia, la cual consta de tres páginas y se refiere al acuerdo firmado entre el presidente Mulino y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Jaén criticó además la calidad de la traducción del documento, señalando que es “confusa y pésima”, y que en su contenido se permite la presencia de fuerzas militares estadounidenses en territorio panameño, particularmente en áreas cercanas al Canal de Panamá.

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Presentan denuncia penal contra José Raúl Mulino por acuerdo firmado con EEUU

Presentan denuncia penal contra José Raúl Mulino por acuerdo firmado con EEUU

¿Panamá asumirá el costo del peaje de buques estadounidenses?

Otro punto destacado por el jurista es que el acuerdo supuestamente establece facilidades para el tránsito de buques de guerra de Estados Unidos por el Canal, lo cual según advirtió implicaría que Panamá termine asumiendo esos costos mediante el Ministerio de Seguridad, bajo el argumento de otorgar “descuentos” en lugar de gratuidad, lo cual consideró un disfraz jurídico.

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