La Contraloría General de la República fiscaliza, a través de la entrega de cheques, los pagos dentro de la Asamblea Nacional (AN) correspondientes a la fecha. Lo cual causó muchos disgustos entre los funcionarios. El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA) José Pérez Barboni, lo calificó "como una situación incómoda, pero necesaria, y manifestó que había muchas personas que nunca había visto".
Los primeros pasos de la Contraloría incluyeron la ubicación de sus auditores en las entradas principales de la Asamblea para solicitar a los funcionarios su número de planilla y funciones, registrando esta información mediante la firma de un documento.
Si bien Barboni considera positiva la entrega de cheques como método de identificación, recordando su éxito en la Alcaldía de Panamá, se muestra escéptico sobre la efectividad de colocar auditores en las entradas. Argumentó que las personas que trabajan suelen llegar temprano, mientras que las "botellas" podrían aparecer más tarde, como observó con individuos con stickers de visitante buscando cheques.
Barboni enfatizó que, los trabajadores con funciones específicas no tienen nada que temer de esta auditoría, mientras que aquellos que solo asisten a cobrar, son quienes deben preocuparse. El objetivo final de este proceso es transparentar la nómina de la Asamblea y asegurar que los recursos se utilicen para el personal que realmente trabaja.
Barboni también celebró la iniciativa del diputado Jorge Bloise para regularizar la carrera legislativa, buscando evitar la institucionalización de "botellas", en especial tras contrataciones sin los requisitos necesarios antes de las elecciones de 2024.
Proyecto de amnistía genera fuerte oposición en la AN
En otro frente, el diputado de MOCA manifestó su firme oposición al Proyecto de Ley 235, que busca otorgar amnistía a involucrados en casos de alto perfil de corrupción como Blue Apple, Odebrecht y New Business, incluyendo a los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.
Barboni fundamentó su rechazo en razones constitucionales, argumentando que el proyecto mezcla delitos políticos con delitos comunes, lo cual contraviene los requisitos establecidos en el artículo 436 del Código Penal para la aprobación de leyes de amnistía. Según el diputado, la ley actual no contempla los elementos necesarios para una amnistía de este tipo, como delitos políticos, electorales, sedición o rebelión, y delitos comunes ligados a estos últimos.
El diputado sostiene que el proyecto no puede proceder de manera legal, independiente de los matices políticos o los procedimientos llevados a la Corte Suprema de Justicia. Además de su inconstitucionalidad, Barboni señaló puntos críticos del proyecto de ley:
- Favorecer a personas procesadas, investigadas y condenadas en los casos de corrupción mencionados.
- Pasar por encima del Órgano Judicial, ordenando la libertad inmediata de los procesados.
En definitiva, la Asamblea Nacional se enfrenta a dos procesos significativos: una auditoría interna para depurar su planilla y un intenso debate sobre la constitucionalidad y conveniencia de un proyecto de amnistía que generó una marcada división entre los diputados.
