Tras ser aprobado en primer debate el proyecto de Ley 49 que eleva las penas por delitos sexuales, presentado por la diputada Paulette Thomas de VAMOS, surge como una deuda pendiente con Panamá. Thomas explicó que, bajo el sistema penal acusatorio actual, una persona que admite culpabilidad por violación a un menor de edad podía recibir una pena reducida, de entre 6 y 8 años, cuando la pena máxima era de 12 a 15 años.
Cifras preocupantes por delitos sexuales en el país
Thomas comentó que la situación actual reveló cifras preocupantes. Se reciben alrededor de 15 denuncias diarias por delitos sexuales, lo que equivale a una denuncia cada 98 minutos. Hasta la fecha, se registraron 1.323 denuncias en este tema. Sin embargo, Thomas reconoció que existe un número indeterminado de casos que no se denuncian porque el agresor es una persona con algún tipo de jerarquía sobre el menor, como un familiar cercano o benefactor en situación de vulnerabilidad.
Casos de desaparición de menores
Thomas resaltó que, Panamá enfrenta un grave problema con la desaparición de menores de edad. Desde el inicio del año, se registra una cifra "impresionante", con un promedio de un infante desaparecido cada 40 minutos. La diputada declaró que, esta situación es crítica en áreas de gran vulnerabilidad como Bocas del Toro y Chiriquí.
¿Qué busca esta ley?
Thomas explicó que el anteproyecto de ley busca aumentar las penas por estos delitos hasta 25 años de cárcel. Además, se tomarán en cuenta agravantes como la existencia de consanguinidad o si el agresor es una persona cercana. Manifestó que, un cambio significativo es que la opinión de la víctima deberá ser tomada en consideración en los acuerdos de pena, algo que no ocurría hasta ahora.
Alerta Amber
Thomas también lamentó la falta de avances en la implementación de herramientas como los brazaletes de vigilancia y la operatividad efectiva de la Alerta Amber. Mencionó que, 15 días antes de la pandemia, se discutió este tema en el Ministerio de Gobierno y Justicia sin llegar a acuerdos.
Un obstáculo importante para la Alerta Amber es la falta de acuerdo con las compañías telefónicas, a pesar de que este debería ser un servicio gratuito dada su responsabilidad social. La diputada hizo un llamado público a las telefónicas para que participen y entiendan su rol en la difusión de emergencia cuando ocurren estos actos.
