Talento extranjero desata polémica entre empresarios y profesionales | En Contexto

Panamá, 12 de Febrero 2020

Diversos sectores del país han expresado su rechazo a la propuesta de la Cámara de Comercio de abrirles las puertas al talento extranjero. Lo que ha desatado una polémica entre gremio empresarial, clase obrera y profesionales.

El gremio empresarial en un escrito hecho público el domingo indicó lo que considera la “necesidad apremiante de atraer talento proveniente de otras naciones para afianzar nuestras oportunidades de avance como sociedad”.

Para la Cámara de Comercio la clave para que Panamá se convierta en una potencia regional está en replicar y extender experiencias ya desarrolladas, como las de Panamá Pacífico y la Ciudad del Saber, en cuanto a la captación de talento extranjero.

El planteamiento del gremio empresarial ha sido rechazado fuertemente todos estos días.

En Panamá hay por lo menos 56 profesiones que están reservadas exclusivamente para panameños por nacimiento o naturalización.

Algunas de esas profesiones son:

  • Laboratorista
  • Maestro de obra
  • Médico
  • Veterinario
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Psicólogo
  • Químico
  • Sociólogo
  • Abogado
  • Educador
  • Trabajador Social
  • Visitador Médico
  • Piloto
  • Relacionista Público
  • Agrimensor
  • Arquitecto
  • Enfermero
  • Ingeniero, 10 especialidades de Ingeniería
  • Agente de Seguridad
  • Barbero y Cosmetólogo

La postura de la Cámara de comercio es que lejos de restringir el ingreso de talento extranjero, debemos promoverlo como aliados en el esfuerzo común de expandir nuestra frontera de oportunidades.

Las reacciones en contra del planteamiento de este grupo empresarial han sido diversas.

Las centrales obreras afiliadas a conato presentaron sus criterios.

Hasta ahora no ha habido una posición del Gobierno Nacional sobre esta propuesta.

En medio de la discusión hay quienes piensan que la apertura de las profesiones se pudiera considerar si hay reciprocidad entre países.

La protección de algunas profesiones en el país está determinada por leyes que las regulan, por lo que una eventual reforma implicaría cambiar poco más de medio centenar de legislaciones.

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