La exfiscal Ivonne Peña aseguró que la actual legislación panameña sobre la activación de la alerta Amber no está funcionando como debería y que las modificaciones recientemente aprobadas en primer debate buscan cerrar vacíos legales que ponen en riesgo la vida de menores desaparecidos.
Peña explicó que la Ley 230, que rige actualmente este sistema de alerta, cuenta con solo 10 artículos y ha demostrado ser ineficiente en la práctica. En contraste, el nuevo proyecto aprobado en la Comisión de la Mujer introduce 35 artículos, ampliando y fortaleciendo el protocolo de acción frente a estos casos.
“No importa si el menor se fue con un amiguito, si tiene problemas familiares o si fue secuestrado. Apenas se denuncia su desaparición, la alerta debe activarse de inmediato”, afirmó Peña. “No importa si el menor se fue con un amiguito, si tiene problemas familiares o si fue secuestrado. Apenas se denuncia su desaparición, la alerta debe activarse de inmediato”, afirmó Peña.
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La alerta Amber es solo para menores
Peña aclaró también un malentendido frecuente en la población: la alerta Amber aplica exclusivamente para menores de edad. Casos recientes de desapariciones de jóvenes adultas han generado confusión al respecto.
20 menores siguen desaparecidos: una cifra alarmante
“La cifra es escandalosa. Hay 20 menores desaparecidos. La población está indignada y con razón”, señaló la exfiscal, subrayando la urgencia de que las autoridades actúen con rapidez y sin burocracia.
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Peña fue enfática en que no se debe esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Esa norma fue eliminada hace más de un año, pero aún persisten prácticas erradas dentro del sistema.
“Si la Policía o la Fiscalía te dice que vuelvas mañana, están actuando contra la ley. La denuncia debe recibirse y la alerta activarse de inmediato”, enfatizó. “Si la Policía o la Fiscalía te dice que vuelvas mañana, están actuando contra la ley. La denuncia debe recibirse y la alerta activarse de inmediato”, enfatizó.
El rol del Ministerio Público debe cambiar
La exfiscal cuestionó el criterio actual del Ministerio Público, que según ella mantiene “bocadones” de alertas sin activar, esperando concluir una preinvestigación para determinar si procede o no.
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“Eso no puede pasar. La alerta debe activarse al recibir la denuncia. Después se investiga lo que sea necesario, incluso a los padres si hay sospechas, pero no se puede retrasar la búsqueda”, explicó. “Eso no puede pasar. La alerta debe activarse al recibir la denuncia. Después se investiga lo que sea necesario, incluso a los padres si hay sospechas, pero no se puede retrasar la búsqueda”, explicó.
Las reformas buscan una respuesta rápida y clara
Entre las modificaciones impulsadas, se incluye el uso correcto de términos como desaparición, privación de libertad, sustracción internacional y otros delitos específicos. Esto permitirá a las autoridades actuar con mayor claridad y precisión en cada caso, sin excusas para no activar la alerta de inmediato.
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