Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, urge al Estado a garantizar mecanismos reales de protección para los funcionarios que denuncien irregularidades
Obaldía: "Sin protección para denunciantes, la corrupción seguirá impune en Panamá"
“La denuncia es importante porque muchas veces hay esquemas de corrupción que, si no tienes la información desde adentro, no hay manera de romperlos. En Panamá, el 99 % de las veces uno se entera cuando ya todo pasó”, aseguró Obaldía. Citó como ejemplo el escándalo de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), así como los programas de descentralización paralela y los auxilios del MIDA, los cuales calificó como posibles casos de gran corrupción por la cantidad de dinero involucrado.
Según la activista, uno de los principales obstáculos para las denuncias internas es la inseguridad laboral. “Cuando alguien le debe el puesto a alguien, la falta de estabilidad en el cargo es una de las cosas que más afecta la posibilidad de presentar una denuncia”, explicó.
Obaldía destacó la importancia del proyecto de ley de protección al denunciante, señalando que este busca brindar garantías concretas dentro de las instituciones públicas para quienes decidan reportar irregularidades. “Hay que entender la importancia de proteger a los funcionarios que no quieren ser parte de esquemas de corrupción o que los están viendo, pero no se atreven a denunciarlos por miedo a represalias”, dijo.
“Las denuncias están, falta actuar”
A pesar de que la legislación actual exige a los funcionarios denunciar actos de corrupción como parte de su deber, no existen actualmente mecanismos efectivos para resguardar su integridad o su puesto de trabajo.
Finalmente, Obaldía subrayó la necesidad de un debate jurídico serio sobre la ley de protección al denunciante. “El texto legal es específico sobre cómo se hace la denuncia, qué tipo de denuncia se puede recibir y qué consecuencias hay para quien hace una denuncia falsa. Pero en el país se quiere politizar la discusión sin analizar los argumentos jurídicos reales que contiene el proyecto”, concluyó.