El abogado Roberto Ruiz Díaz denunció presuntas irregularidades y falta de transparencia en el manejo del contrato con la empresa Panama Ports Company (PPC), señalando directamente al exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, por negarse a entregar información relacionada con la concesión.
Ruiz Díaz denuncia ocultamiento de información y omisiones en contrato de Panama Ports
El jurista también cuestionó duramente el papel de la Contraloría General de la República, específicamente bajo la administración del excontralor Gerardo Solís, acusándolo de defender el contrato y el informe de auditoría “más allá de su obligación de proteger los intereses del Estado”.
Ante estas situaciones, Ruiz Díaz informó que se presentó una denuncia penal contra el exadministrador de la AMP y los miembros de Panamá en la Junta Directiva de PPC. "Estas omisiones y respaldos injustificados motivaron nuestra acción legal", afirmó.
Asimismo, criticó al expresidente Laurentino Cortizo, alegando que ni siquiera leyó el discurso que pronunció en su momento en la Asamblea Nacional ni revisó el contenido del contrato prorrogado. “Lo que hizo fue salir alegremente a decir que todo se había cumplido perfectamente”, señaló, sugiriendo que existió una “componenda” entre diversas autoridades del Estado para favorecer los intereses de la empresa.
Ruiz Díaz también pidió una “oxigenación” del Ministerio Público, alegando que tras años de investigaciones y procesos judiciales, muchos casos han terminado sin condenas por errores procesales. “Vemos cómo actores que se beneficiaron de recursos estatales terminan libres por tecnicismos”, lamentó.
Condiciones iniciales eran desfavorables para el Estado
En cuanto al contrato con PPC, sostuvo que sus condiciones iniciales eran desfavorables para el Estado y que las sucesivas modificaciones lo empeoraron aún más. También advirtió sobre maniobras legales emprendidas por los abogados de la empresa, que han presentado al menos cuatro acciones que buscan retrasar los procesos en curso.
Finalmente, Ruiz Díaz comparó la compra de los puertos en Panamá con el del ferrocarril del Canal de Panamá, al que también calificó de “leonino”. Aseguró que este tipo de concesiones requieren la autorización del Consejo de Gabinete, misma que según él no ha sido otorgada.
El abogado recordó que en 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, se perdió una oportunidad para corregir la situación, al no restablecer las cláusulas originales que obligaban a PPC a pagar al Estado $22 millones anuales, el 10 % del ingreso bruto y el 10 % de sus acciones. “Aunque criticaron a Mireya Moscoso, cuando llegaron al poder simplemente mantuvieron su decisión”, concluyó.